Social Economy Europe (SEE) ha reclamado a la Comisión Europea una mayor integración de la economía social en las políticas industriales, de competitividad y autonomía estratégica de la Unión, coincidiendo con la evaluación intermedia del Plan de Acción Europeo para la Economía Social (SEAP por sus siglas en inglés).
En un documento fechado el pasado 18 de mayo, SEE valora positivamente los avances logrados desde la puesta en marcha del Plan de Acción, así como la implicación de las instituciones europeas, aunque advierte de “retrocesos” institucionales y financieros que podrían debilitar su aplicación futura. Entre los principales logros destaca la adopción de una definición europea común de economía social, el impulso de estrategias nacionales en 21 Estados miembros; el fortalecimiento de instrumentos de financiación como InvestEU, ESF+ y EaSI, y la realización del ‘Social Economy Gateway’ o del Eurobarómetro especial sobre la Economía Social.
El informe recuerda que la economía social representa más de 4,3 millones de empresas y entidades y genera al menos 11,5 millones de empleos en la Unión Europea, equivalentes al 6,3 % del empleo total comunitario, según los datos del último Informe CIRIEC-EURICSE realizado para la Comisión Europea. Estas organizaciones operan en sectores esenciales como los cuidados, agricultura, energía, vivienda, educación, cultura o economía circular.
Cambio de rumbo
Uno de los puntos centrales del texto es la preocupación por la reducción del papel de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) en la implementación del plan europeo. Según SEE, el desmantelamiento de la unidad específica de Economía Social dentro de este departamento supone “un paso atrás” importante, que amenaza con excluir al sector de debates estratégicos sobre industria, mercado único y competitividad europea.
La organización critica también que la revisión del Plan concentre gran parte de la atención en las empresas sociales, dejando en un segundo plano las necesidades de las familias tradicionales de la economía social: las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones. A juicio de SEE, un enfoque desequilibrado puede diluir la identidad propia del ecosistema y limitar su potencial de cooperación interna.
En materia financiera, el documento alerta de la incertidumbre sobre el futuro presupuesto europeo y denuncia la desaparición de la ventana ‘Social and Skills’ del InvestEU en el borrador del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). La organización reclama recursos “adecuados y accesibles” para afrontar retos como la reducción de las desigualdades, la vivienda, la transición ecológica, la salud o la cohesión territorial.
SEE subraya además el papel estratégico de la economía social en sectores clave para la autonomía europea. El informe pone como ejemplo a las cooperativas energéticas, las iniciativas digitales comunitarias, las entidades de finanzas éticas y los modelos de vivienda social y cooperativa, que considera esenciales para reducir desigualdades, fortalecer cadenas de valor locales y aumentar la resiliencia frente a crisis geopolíticas y económicas.
La organización sostiene que la economía social no debe ser considerada únicamente una herramienta de inclusión social, sino “un componente estratégico” de la competitividad y el bienestar en la UE. En este sentido, reclama que el sector quede plenamente integrado en futuras políticas industriales, digitales, rurales y de cohesión.
El documento concluye defendiendo la continuidad del Plan de Acción Europeo de la Economía Social más allá de 2030 y propone que la próxima agenda sobre economía social sea diseñada conjuntamente con el propio ecosistema del sector.
Social Economy Europe reaction to the Mid-Term Review of the Social Economy Action Plan
