La Alianza para el Desarrollo Sostenible en la Contratación Pública (ASDPP por sus siglas en inglés) ha valorado positivamente la propuesta de la Comisión Europea de nueva Directiva de Contratación Pública (Public Procurement Act), aunque considera necesario introducir cambios durante su tramitación para garantizar que la contratación pública contribuya de forma efectiva a objetivos sociales y ambientales.
La alianza, integrada por organizaciones no gubernamentales, sindicatos, entidades de la economía social, entre ellas las empresas sociales, considera que la propuesta de la Comisión recoge algunas de las recomendaciones que sus integrantes habían planteado durante la evaluación del actual marco europeo de contratación pública. Entre ellas figuran la revisión de los criterios de adjudicación, el refuerzo de las cláusulas sociales y unas mayores exigencias en las cadenas de suministro.
Sin embargo, la ASDPP advierte que algunas de sus demandas han quedado debilitadas, convertidas en medidas discrecionales o directamente fuera del texto. Por ello reclama al Parlamento Europeo y al Consejo que refuercen la propuesta durante el proceso legislativo.
Uno de los principales elementos valorados por la alianza es la posibilidad de avanzar desde una contratación excesivamente centrada en el precio hacia el criterio de mejor relación calidad-precio (BPQR). La propuesta establece que los criterios de calidad tengan un peso mínimo del 30% —que se eleva al 50% en los contratos intensivos en mano de obra—. Criterios de calidad son, por ejemplo, la cualificación del personal, los aspectos sociales y ambientales, la preferencia europea o la innovación social.
Mayor acceso para la economía social
La participación de las organizaciones de la economía social en la contratación pública constituye otro de los puntos centrales de la posición de la Alianza. La propuesta mantiene los contratos reservados para organizaciones de inserción laboral y empleo protegido, así como para determinados servicios sociales y de bienestar sin ánimo de lucro. Sin embargo, su utilización continúa siendo voluntaria para los poderes adjudicadores.
La ASDPP considera que estas herramientas deberían tener un carácter más vinculante. Tampoco considera suficiente la previsión relativa a la división de los contratos en lotes: aunque los compradores públicos deben valorar esta posibilidad y justificar su decisión cuando no dividan un contrato, la alianza señala que esta disposición no supone una reserva efectiva de mercado ni garantiza contratos de menor dimensión que puedan facilitar el acceso de los actores de la economía social.
La sostenibilidad social y ambiental es otro de los ámbitos en los que la alianza pide cambios. En la propuesta, ambos tipos de criterios mantienen en buena medida un carácter opcional. En materia ambiental se introduce una exigencia para sectores considerados de alto impacto, pero la concreción de los criterios queda en buena parte en manos de los licitadores públicos.
Control de las cadenas de subcontratación
La propuesta incorpora también medidas sobre subcontratación que la alianza considera positivas. Entre ellas, la prohibición de subcontratar la totalidad de un contrato público y la posibilidad de exigir que determinadas tareas consideradas críticas sean realizadas directamente por el contratista principal.
No obstante, la ASDPP considera que estas medidas no son suficientes para limitar las cadenas de subcontratación largas y complejas ni para garantizar que los estándares laborales y de sostenibilidad se respeten a lo largo de toda la cadena.
La organización valora, por otro lado, las disposiciones previstas para mejorar la recogida de datos sobre contratación pública. La creación de espacios nacionales de datos conectados con un espacio de ámbito europeo podría facilitar un seguimiento más sistemático de la contratación sostenible.
Fase de negociación
La propuesta de la Comisión se encuentra ahora ante el proceso legislativo europeo, durante el cual deberán concretarse y negociarse sus disposiciones. En este contexto, la ASDPP anuncia que continuará trabajando para reforzar el texto, y que aportará nuevas propuestas técnicas al Parlamento Europeo y al Consejo.
El objetivo de la alianza es que la futura legislación europea convierta la contratación pública en una herramienta capaz de combinar eficiencia económica con objetivos sociales, ambientales y laborales, al tiempo que facilite una mayor participación de las organizaciones de la economía social.
