Social Economy Europe (SEE), junto a miembros del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Economía Social y Empresas Sociales (GECES), han advertido sobre el riesgo de que el Plan de Acción para la Economía Social 2021-2030 no se implemente de manera efectiva, si no se refuerzan de forma urgente los recursos humanos en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL).
En una carta dirigida el pasado 16 de marzo a la secretaria general de la Comisión Europea, Ilze Juhansone; al director general de Recursos Humanos (DG HR), Stephen Quest; y a la directora general de Presupuesto (DG BUDG), Stéphanie Riso, el presidente de SEE, Juan Antonio Pedreño, y 55 entidades firmantes más, subrayan que dicho Plan de Acción fue concebido como un marco estratégico a largo plazo precisamente por la complejidad de los cambios que pretende impulsar. Aunque muchas de las medidas previstas ya han sido formalmente iniciadas, una parte significativa se encuentra todavía en fases intermedias, lo que requiere apoyo operativo continuo, coordinación entre servicios y un diálogo estructurado con los actores de la economía social.
En este contexto, los firmantes expresan su preocupación por la decisión de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de desmantelar la unidad dedicada a la Economía Social. Aunque esta medida se presenta como una reorganización interna, advierten de que tiene importantes consecuencias políticas para el ecosistema. Recuerdan que la economía social representa un pilar significativo en la UE, con más de cuatro millones de empresas y organizaciones, y más de once millones de empleos. En 2021, el sector generó cerca de un billón de euros en volumen de negocio. Su actividad se extiende a múltiples sectores, contribuyendo tanto a la competitividad empresarial como a los objetivos sociales de la Unión.
Los firmantes destacan además que, pese a la percepción extendida de que depende en gran medida de financiación pública, los datos muestran que la economía social recibe proporcionalmente menos financiación que la economía convencional. Asimismo, subrayan su papel en la autonomía industrial europea, su contribución a la resiliencia territorial y su impulso a valores como la inclusión social, la responsabilidad colectiva y la estabilidad a largo plazo.
La retirada de la implicación activa de la DG GROW ha generado, según la carta, un desequilibrio estructural en la distribución de responsabilidades y recursos dentro de la Comisión. Por ello, consideran razonable que la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad (DG HR) garantice la asignación de personal suficiente a DG EMPL para asegurar la continuidad del plan.
Además del refuerzo de personal, reclaman la designación de al menos un punto de contacto específico dentro de DG GROW que permita mantener una coordinación sistemática con DG EMPL y con los actores de la economía social. Esta medida se considera especialmente relevante para sectores como la industria o la construcción, donde el diálogo estructurado resulta clave para adaptar las políticas a las características propias de estas organizaciones.
Los firmantes advierten que la ausencia de este punto focal podría provocar fragmentación, retrasos en la coordinación y una menor coherencia en las políticas públicas. En su opinión, una colaboración eficaz entre direcciones generales es indispensable para mantener el impulso del plan y ofrecer a los actores implicados una interlocución institucional clara y fiable.
Por todo ello, los firmantes de esta carta, liderada por Social Economy Europe, solicitan estas medidas fundamentales para salvaguardar la integridad del Plan de Acción y cumplir con los objetivos establecidos a nivel europeo en dicho Plan.
