Una coalición de organizaciones sociales, sindicales y medioambientales, entre las cuales se encuentran ‘Social Services Europe’, RREUSE y ENSIE, ha instado a la Unión Europea a aprovechar la próxima reforma de la legislación sobre contratación pública para transformar el modelo económico europeo hacia uno más sostenible, justo y competitivo.
En una carta dirigida a la Comisión Europea, concretamente al vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, y al jefe de Unidad de Contratación Pública, Henning Ehrenstein, las entidades firmantes —integradas en la red para el desarrollo sostenible en la contratación pública— destacan que el gasto público representa aproximadamente el 16 % del PIB de la UE. Por ello consideran que la forma en que se invierten estos recursos tiene un impacto decisivo en el tejido social, económico y ambiental del continente.
El documento señala que el actual sistema presenta importantes deficiencias, como la competencia basada exclusivamente en el precio más bajo, lo que ha derivado en una “carrera hacia el abismo”, con consecuencias negativas para la calidad de los servicios, los derechos laborales y la sostenibilidad empresarial.
Ante esta situación, las organizaciones proponen cinco reformas clave. En primer lugar, reclaman que el criterio de adjudicación principal sea la oferta económicamente más ventajosa – Most Economically Advantageous Tender (MEAT), en lugar del precio más bajo, para garantizar una mejor relación calidad-precio y un enfoque a largo plazo en el interés público.
En segundo lugar, abogan por la introducción obligatoria de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación. Estos deben garantizar salarios justos, condiciones laborales dignas y medidas de descarbonización, así como mecanismos de control en las cadenas de suministro y límites a la subcontratación.
Otra de las prioridades señaladas es facilitar el acceso de la economía social a los contratos públicos. Este sector, que agrupa a más de 4,3 millones de entidades y emplea a 11,4 millones de personas en Europa, según el último informe de CIRIEC y Euricse para la Comisión, juega un papel clave en la cohesión social y la innovación inclusiva. Las organizaciones proponen medidas específicas, como la reserva de contratos para colectivos vulnerables, entre ellos personas con discapacidad.
Asimismo, el texto subraya la necesidad de alinear la contratación pública con otras políticas europeas ya existentes, como el Pacto Industrial Limpio, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y las nuevas normativas sobre sostenibilidad y economía circular.
Por último, se insiste en la importancia de reforzar los sistemas de seguimiento y transparencia. En este sentido, se pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos obligatorios de recopilación de datos y evaluación del impacto de la contratación pública, con el objetivo de garantizar el uso eficiente de los fondos públicos y el cumplimiento de los objetivos sociales y ambientales.
Las organizaciones firmantes concluyen que la futura reforma representa una oportunidad histórica para convertir la contratación pública en una herramienta estratégica al servicio de una economía europea más resiliente, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente.
