La economía social ocupa un lugar cada vez más visible en el debate sobre el futuro económico y social de Europa. Así lo plantea Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe y de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), en un reciente artículo en el que defiende la importancia estratégica del sector para el proyecto europeo.
Pedreño señala que la Economía Social «no puede ni debe quedar relegada a un segundo plano. El bienestar social y económico en todas las regiones depende de ella, y moldea el futuro de las generaciones venideras». Cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y empresas sociales desarrollan actividades en numerosos sectores de la economía y contribuyen a generar empleo, cohesión territorial y servicios de interés para la ciudadanía.
«No hablamos de beneficios empresariales ni pedimos un trato preferencial. Las cifras —y, sobre todo, la tangible cohesión social y territorial que se evidencia allí donde está presente la economía social— respaldan la necesidad de seguir invirtiendo en este modelo. Se trata de un compromiso estratégico», insiste el presidente de SEE.
La dimensión económica del sector es considerable. La Comisión Europea, siguiendo el último informe de CIRIEC y Euricse calcula que en la UE existen más de 4,3 millones de organizaciones de Economía Social, que proporcionan al menos 11,5 millones de puestos de trabajo, equivalentes aproximadamente al 6,3 % del empleo total. Estas organizaciones están presentes en ámbitos tan diversos como los cuidados, las finanzas, la agricultura, la alimentación, el comercio, la cultura y los servicios.
En su análisis, Pedreño relaciona esta realidad con algunos de los grandes objetivos de la Unión Europea. La autonomía estratégica, la competitividad, la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social requieren, según su planteamiento, la participación de empresas y organizaciones capaces de combinar actividad económica y objetivos sociales.
El autor recuerda que las instituciones europeas llevan años desarrollando un marco específico para la Economía Social. Uno de los principales hitos fue la aprobación por parte de la Comisión Europea en 2021 del Plan de Acción para la Economía Social. Posteriormente, la Comisión identificó la Economía Social como uno de los ecosistemas industriales relevantes para la competitividad europea.
Este debate ha adquirido una nueva dimensión en 2026, con la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo para la Economía Social. La Comisión Europea ha señalado que el sector constituye un elemento de la economía y de la sociedad europea y ha destacado su contribución a la prosperidad, la competitividad y la resiliencia.
El planteamiento de Pedreño sitúa, por tanto, la Economía Social dentro de las grandes políticas económicas europeas. La cuestión ya no es únicamente apoyar a las entidades sociales, sino integrar su experiencia y su modelo de gobernanza en las estrategias destinadas a afrontar los desafíos económicos, sociales ambientales y de seguridad de la Unión Europea.
Para ello, el presidente de SEE indica tres prioridades específicas. La primera: preservar un Fondo Social Europeo fuerte y autónomo, «porque sigue siendo el principal instrumento para invertir en las personas, empleos de calidad e inclusión social. No podemos permitir que se diluya dentro de instrumentos financieros más amplios».
En segundo lugar, que este fondo destine al menos el 7 % de sus recursos a iniciativas específicas para la economía social. Esta cifra no es arbitraria, ya que refleja el peso real que este modelo tiene en el empleo.
Y en tercer lugar —quizás el más estratégico—, SEE pide integrar plenamente la economía social en el futuro Fondo Europeo de Competitividad. «El modelo no puede limitarse exclusivamente al ámbito social; por el contrario, debe formar parte de las políticas de la UE en materia de industria, innovación, transición ecológica y digital, y autonomía estratégica», indica Juan Antonio Pedreño.
SEE reclama adicionalmente que el próximo ciclo presupuestario incluya un sistema fiscal coherente con los valores de la Economía Social. «Un sistema fiscal que incentive la reinversión de los beneficios en la propia empresa y en la comunidad local, que reconozca la importancia de priorizar a las personas sobre los beneficios generados por nuestras organizaciones y que fomente la creación de cooperativas, sociedades de ayuda mutua y empresas sociales».
Pedreño concluye: «No pedimos privilegios. Reivindicamos políticas públicas inteligentes, basadas en la estrategia y el sentido común, porque cada euro destinado a las empresas de economía social tiene un impacto en la economía real, en el empleo local y en la cohesión de nuestras ciudades».
