El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre contratación pública (2024/2103(INI)) que marca las prioridades para la próxima revisión de las directivas europeas en esta materia. El texto, aprobado el pasado 9 de septiembre, busca simplificar las normas, reforzar la resiliencia económica de la Unión y promover una contratación más sostenible, transparente y accesible para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La resolución -de carácter no legislativo- incluye recomendaciones clave, como la simplificación y estandarización de los procedimientos, la introducción de guías y plantillas comunes, y el uso de instrumentos de defensa comercial de la UE frente a prácticas desleales de terceros países.
Propone dar prioridad a la mejor relación calidad-precio (criterio MEAT) frente al criterio meramente económico, promoviendo la integración sistemática de pautas sociales y medioambientales en las licitaciones. La Eurocámara pide precisamente reforzar la profesionalización de las autoridades contratantes mejorando la formación en el uso de criterios no basados en el precio.
El Parlamento subraya también la necesidad de fortalecer la resiliencia económica de Europa mediante el impulso a industrias críticas y emergentes, y la promoción de una capacidad industrial propia dentro de la UE.
Asimismo, aboga por introducir criterios de adjudicación que valoren la innovación y la calidad, especialmente para favorecer a las pymes y las empresas sociales. La resolución propone también actualizar los umbrales de contratación para reflejar la inflación y los costes crecientes, dotar de mayor autonomía a las autoridades públicas, y flexibilizar la gestión de los contratos.
Por otra parte, el texto dedica especial atención a la subcontratación, instando a fortalecer la transparencia en toda la cadena de suministro y considerar un régimen de responsabilidad solidaria entre contratistas y subcontratistas.
La Red para el Desarrollo Sostenible en la Contratación Pública (NSDPP), coalición de ONG, sindicatos y organizaciones de la economía social, ha acogido con satisfacción la resolución. Aunque considera que el enfoque voluntario sigue siendo insuficiente, valora el paso adelante hacia una contratación más sostenible e inclusiva.
El grupo celebra la insistencia del Parlamento en que las autoridades públicas prioricen la mejor relación calidad-precio y utilicen criterios sociales y ambientales en sus decisiones de adjudicación. Esto significa que las licitaciones deben evaluarse no solo en función del coste, sino también atendiendo a factores adicionales como la calidad y la continuidad del suministro en servicios complejos y esenciales.
El NSDPP destaca también el reconocimiento del Parlamento al papel de las pymes y las empresas sociales, así como la importancia de los contratos reservados para fomentar la inclusión laboral de personas en situación de desventaja. La coalición valora positivamente la defensa de la cláusula social horizontal y el compromiso de anclar la contratación pública en el respeto a los derechos laborales y la sostenibilidad. En este sentido, celebra especialmente el llamamiento a la Comisión para que evalúe la creación de una Caja de Herramientas de Criterios de Sostenibilidad, con el fin de proporcionar seguridad jurídica a los compradores públicos.
La coalición confía, por último, en que las disposiciones recogidas en el informe sirvan de base para la próxima propuesta de la Comisión Europea, allanando el camino hacia una transición desde criterios sociales y medioambientales voluntarios hacia un marco más vinculante y ambicioso de contratación pública sostenible en toda la Unión Europea. “Ello es esencial para garantizar que la contratación pública contribuya activamente a la creación de empleos de calidad, al mantenimiento de altos estándares sociales y medioambientales, y al fortalecimiento de la competitividad y el bienestar social en la UE”, concluyen desde NSDPP.
