La Cooperativa António Sérgio para la Economía Social (CASES) cesó su actividad el pasado 30 de septiembre, tras un proceso de disolución impulsado por el Gobierno portugués, que ha culminado con el cierre de la entidad y la redistribución de sus competencias y actividades entre distintos organismos de la Administración Pública.
La decisión se enmarca en la Resolución del Consejo de Ministros nº 16/2026, de 3 de febrero, que estableció la retirada de la participación del Estado en CASES, y en el Decreto-Ley nº 150/2026, de 28 de julio, que dispuso la devolución a la Administración Pública de las competencias que hasta entonces ejercía la cooperativa. La disolución definitiva fue aprobada en una asamblea general celebrada el 18 de septiembre.
Redistribución de las competencias públicas
Con la desaparición de CASES, sus funciones se han repartido entre diferentes organismos públicos. El Centro Jurídico del Estado asumirá la regulación y supervisión del sector cooperativo; el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP), el apoyo al emprendimiento social y el desarrollo de la economía social; y la Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales (DGERT), la coordinación del voluntariado.
Por su parte, la Dirección General de Economía se hará cargo de la base de datos y de la Cuenta Satélite de la Economía Social, mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) asumirá la elaboración de estudios sobre el sector.
Una pérdida para la economía social portuguesa y europea
El cierre de CASES ha suscitado preocupación por sus consecuencias para el ecosistema de la economía social, tanto en Portugal como en Europa. La cooperativa nació como una alianza entre el Estado y las organizaciones representativas del sector, con el objetivo de fortalecer la economía social y profundizar la cooperación entre la Administración Pública y las entidades que la integran.
Durante más de 15 años, CASES ha desempeñado un papel relevante en el apoyo al desarrollo y al reconocimiento de la economía social en Portugal. Asimismo, fue miembro activo de Social Economy Europe (SEE), red a la que aportó experiencia, conocimiento y visión a los debates europeos sobre el sector.
SEE considera que la desaparición de la CASES supone la pérdida de un socio experimentado y comprometido con la economía social.
