La iniciativa EUFunds4Social, integrada por una coalición de 113 organizaciones, entre ellas ‘Social Economy Europe’ y ‘Social Platform’, ha hecho pública la carta que ha enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para reclamar un presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 que mantenga la inversión en las personas y los territorios.
Demandan mantener protegidos el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destinar 124.000 millones de euros al primero y elevar al 25 % la financiación nacional dedicada a objetivos sociales.
La coalición EUFunds4Social cuenta, por el momento, con el respaldo de 113 organizaciones, de las que 37 son redes europeas y 76 son entidades nacionales de 22 países, una cifra que continúa creciendo. Juntos manifiestan su disposición a colaborar con los gobiernos, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo para lograr un presupuesto que responda a las necesidades de la ciudadanía y los territorios.
Las entidades han puesto a disposición un documento con el que instituciones interesadas pueden unirse al reclamo.
Contexto de la desigualdad
La petición llega mientras los líderes europeos se encuentran en pleno debate sobre el próximo marco financiero plurianual. Las entidades firmantes advierten que la inversión social y territorial resulta esencial para afrontar desafíos como el aumento de las desigualdades y la polarización, la brecha entre las ciudades y las zonas rurales, el envejecimiento de la población, la escasez de competencias profesionales, el desempleo juvenil y las transiciones digital y climática.
En este contexto, la coalición destaca el papel que han desempeñado el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el apoyo al empleo de calidad, la cohesión social y la garantía de derechos en todas las regiones europeas. Estos instrumentos contribuyen también a fortalecer la democracia y la competitividad de la Unión.
Más recursos para los objetivos sociales
EUFunds4Social reclama que el presupuesto final se ajuste a la propuesta del Parlamento Europeo y garantice recursos suficientes para las regiones y la inversión social.
La iniciativa pide, además, reservar financiación europea para la innovación social y respaldar la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, interlocutores sociales y entidades de la economía social.
La carta reclama garantías específicas para proteger los servicios de apoyo a las personas, establecer un gasto mínimo en inclusión social y financiar medidas contra la pobreza infantil, el sinhogarismo, el desempleo juvenil y la privación material. Asimismo, defiende que las ayudas europeas estén vinculadas al respeto de los derechos de las personas con discapacidad y del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Entre las demandas figuran también una participación efectiva de la sociedad civil y de las personas con experiencia directa de exclusión, así como mecanismos que permitan a las organizaciones sin ánimo de lucro acceder realmente a los fondos.
