CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social) publicó el pasado 18 de marzo un informe que recoge las principales conclusiones de su consulta pública sobre el futuro de la economía social portuguesa, un proceso “clave” para diseñar la próxima estrategia nacional del sector.
El documento, elaborado tras una consulta realizada entre los pasados octubre y noviembre de 2025, reúne aportaciones de organizaciones, expertos y ciudadanos con el objetivo de identificar desafíos, necesidades y oportunidades. En total se registraron más de 1.200 accesos y respuestas a la plataforma.
Uno de los elementos más destacados del informe es la fuerte participación de entidades de la economía social, que representaron el 80 % de las contribuciones. Entre ellas predominan las instituciones de solidaridad social.
Tres grandes prioridades estratégicas
El proceso de consulta pública impulsado por CASES revela una visión ampliamente compartida, en torno a tres grandes prioridades estratégicas: mejorar el acceso a la financiación, reforzar el reconocimiento institucional y social, y potenciar la formación y profesionalización de los recursos humanos.
En cuanto a los principales desafíos, el informe identifica problemas estructurales como la sostenibilidad financiera, la falta de visibilidad, la burocracia excesiva y la debilidad en la cooperación institucional. También se señalan retos emergentes como la transformación digital y las desigualdades territoriales, especialmente en zonas rurales, y las problemáticas actuales en torno a la vivienda, la salud mental o el envejecimiento y la falta de relevo generacional.
El documento publicado subraya que la economía social desempeña un papel fundamental en ámbitos como la inclusión, la lucha contra la pobreza y la prestación de servicios a colectivos vulnerables, consolidándose como un pilar complementario al Estado y al mercado.
Las conclusiones del informe servirán de base para definir la futura Estrategia Nacional para la Economía Social en Portugal, en colaboración con organismos como la Comisión Europea y la OCDE. Según CASES, el objetivo es avanzar hacia un modelo más sostenible, profesionalizado y con mayor impacto social, apoyado en indicadores que permitan medir su evolución y resultados.
