El Parlamento Europeo en Bruselas acogió el pasado 13 de mayo la primera reunión de Intergrupo sobre Economía Social y Servicios de Interés General, constituido tras las pasadas elecciones europeas. La reunión, dedicada a la próxima revisión de la Directiva sobre Contratación Pública, permitió a los participantes debatir sobre la importancia de una economía que trabaje para el interés colectivo. El acto fue organizado por Social Economy Europe (SEE) y SGI Europe junto al Parlamento Europeo, y contó con la participación de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Minzatu, junto a altos representantes gubernamentales y eurodiputados del mencionado Intergrupo.
La eurodiputada Maravillas Abadía inauguró la reunión destacando la importancia de la contratación pública como motor de cambio en la UE. Según afirmó, la contratación pública debe promover las cláusulas sociales. “Es una herramienta poderosa con gran potencial de transformación, que combina la prosperidad económica con los objetivos sociales”, e instó a la Comisión Europea a adoptar una dirección política firme y coherente para situar a la economía social en el centro de las políticas comunitarias.
En el mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, abogó por una revisión ambiciosa de la Directiva. Según afirmó: “Nos enfrentamos a una competencia desleal con la economía tradicional. Necesitamos una discriminación positiva para los sectores centrados no solo en los beneficios, sino también en el impacto social. Las instituciones deben garantizar esto, por ejemplo, mediante cláusulas sociales”.
Díaz recordó también que la Economía Social en la UE la componen 4,3 millones de empresas y entidades y 11,5 millones de empleos remunerados, recogiendo los datos del último informe de la Comisión Europea realizado por Euricse y CIRIEC. Y enfatizó: “La economía social es clave para el futuro de la UE. Pido al Intergrupo la tarea de impulsar su desarrollo. Ninguna otra economía refleja los valores de la UE con tanta fuerza”.
La ministra delegada francesa en Economía Social, Véronique Louwagie, expresó su compromiso a favor del próximo Plan nacional de Economía Social, siguiendo la Recomendación del Consejo de la UE de promover condiciones marco para la economía social en todos los Estados miembros. Igualmente, se mostró partidaria de incluir a las empresas de economía social y las Pymes en la contratación pública.
El papel de la Comisión Europea
La Vicepresidenta Ejecutiva y Comisaria Roxana Minzatu aseguró en su intervención que todos los actores de la Economía Social podrán contar con ella y con su experiencia para la próxima revisión de la Directiva, tal y como la implementó en 2014 en Rumanía.
Afirmó que la economía social “es un auténtico motor de crecimiento inclusivo: de la agricultura a la energía, de la reutilización a la cultura. Necesitamos un modelo competitivo que ponga a las personas en primer lugar. Esta Comisión se ha comprometido a construir unos Servicios de Interés General y de Economía Social fuertes en toda Europa”.
Al respecto anunció que se ha puesto en marcha una revisión parcial del Plan de Acción Europeo de la Economía Social, que representa una oportunidad clave para consolidar las políticas existentes y definir nuevas medidas adaptadas al contexto actual.
Cierre de la Unidad de Economía Social de la DG GROW
El presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, lamentó el cierre de la Unidad de Economía Social de la DG GROW. Afirmó, no obstante, que la economía social, por su compromiso y fortaleza, va a seguir ocupando un lugar preeminente en la UE, gracias a su poder transformador en un contexto de múltiples crisis.
La reunión incluyó una mesa redonda con la participación de Ana Umbelino, presidenta de REVES; Alain Coheur, miembro del CESE y CIRIEC-Internacional, y Luigi del Giacco, de SGI Europe, quienes dieron ejemplos concretos sobre cómo tener en cuenta otros criterios además del precio en la contratación pública, en los que se ven beneficiados los territorios, trabajadores y ciudadanos.
A continuación, la eurodiputada Irene Tinagli destacó el compromiso del Parlamento Europeo para impulsar este tema, en su calidad de copresidenta del Intergrupo. En su opinión, “necesitamos un cambio en las políticas y las prácticas: no se debe sacrificar la calidad por culpa de contratar a precios más bajos”. Para Tinagli, además, la economía social “es un motor de crecimiento, y es el modelo más sostenible a largo plazo”.
Ya en el cierre de la jornada, Valentina Schaumburger, miembro del Gabinete del comisario Stéphane Séjourné, ofreció dos prioridades para la revisión de la Directiva: la simplificación y su uso como herramienta para una contratación pública más sostenible.
El evento fue clausurado por la eurodiputada Camilla Lauretti y por Pascal Bolo, presidente de SGI Europa, quienes destacaron la importancia de apoyar tanto a los Servicios de Interés General como a la Economía Social en la prestación de servicios a la población en su conjunto. “Invertir en ellos es necesario. Como UE, construir nuestra autonomía estratégica es más importante que nunca”.
Tras el evento, el presidente de Social Economy Europe afirmó: “El compromiso demostrado hoy por las principales fuerzas políticas del Parlamento Europeo refleja su respaldo continuado a la Economía Social y, también, refuerza el mandato que la comisaria Mînzatu ha asumido ante el Intergrupo para liderar su impulso desde la Comisión Europea”.
