Por Sanna Honkaniemi y Ana Luiza Hannotte, de
En medio de los debates actuales sobre las prioridades de la agenda de la nueva Comisión Europea, incluida la mitad del curso del Plan de Acción para la Economía Social (PAES), está en juego el futuro de la economía social en Europa. En ‘Social Platform’ trabajamos para garantizar que los actores de la economía social, incluidas las cooperativas, las empresas sociales de inserción laboral (EEII) y los proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro, sean reconocidos y potenciados en la UE.
Social Platform es la mayor organización no gubernamental que trabaja en temas sociales en Europa. Agrupa a más de 40 redes europeas que defienden los derechos de las personas infrarrepresentadas, y cuenta entre sus miembros a entidades que prestan servicios sociales sin ánimo de lucro y a agentes de la economía social. Como firmantes de la Declaración de La Hulpe, apoyamos plenamente el acuerdo alcanzado entre los responsables políticos, la sociedad civil y los interlocutores sociales para mejorar los derechos sociales y el bienestar en toda Europa en el marco de la Agenda 2030.
Abogamos por un mayor reconocimiento y apoyo de la economía social como modelo de desarrollo sostenible, ya que se basa en la gobernanza democrática, la solidaridad y el empoderamiento de la comunidad. En nuestra reciente carta abierta a Ursula von der Leyen, reforzamos este mensaje solicitando la participación directa de los agentes de la economía social en la elaboración de políticas a través del diálogo civil en los próximos años, puesto que ya predican con el ejemplo a través de servicios de calidad, la provisión de empleo significativo y soluciones innovadoras a los retos sociales y medioambientales. Su potencial debería reconocerse como fundamental para el tejido social de la UE, además de sus contribuciones a las estrategias de competitividad y sostenibilidad.
Recientemente se ha logrado una mayor integración del modelo de economía social en la UE gracias a la aplicación del Plan de Acción para la Economía Social (PAES). Entre las muchas iniciativas del PAES, las Recomendaciones del Consejo sobre el desarrollo de las condiciones marco de la economía social[1] fueron acogidas como un hito clave para orientar a los Estados miembros a la hora de abordar puntos críticos: marcos jurídicos, fiscalidad justa, aumento del acceso a la contratación pública y ampliación de la elegibilidad a las normas sobre ayudas estatales, en consonancia con el Reglamento general de exención por categorías. Sin embargo, el desarrollo de las condiciones marco para la economía social sigue siendo muy desigual de un Estado miembro a otro. Además de los obstáculos al reconocimiento, el acceso a la financiación sigue siendo un reto para los agentes de la economía social, lo que pone en peligro la aplicación de los planes nacionales de desarrollo de los ecosistemas de la economía social[2]. Lo mismo puede decirse de la participación directa y la contribución del sector de la economía social en otros ámbitos.
Además del PAES, muchas iniciativas más amplias de la UE, desde el Pacto Verde hasta la Estrategia de Cuidados, la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, la Nueva Bauhaus Europea y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a menudo no tienen plenamente en cuenta el potencial transversal de la economía social. Con demasiada frecuencia, estas políticas están infra financiadas, aisladas y no se desarrollan de manera holística. Para responder a estos retos, defendemos un FSE+ independiente como mecanismo de financiación clave que apoye iniciativas sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental. Además, destacamos también a la economía social como un área clave para la aplicación del próximo Plan de acción sobre el Pilar de los Derechos Sociales, para garantizar unas condiciones de trabajo justas a través de la futura hoja de ruta para el empleo de calidad, para apoyar la erradicación de la pobreza a través de la estrategia de lucha contra la pobreza de la UE y para apoyar una transición justa y equitativa.
Un elemento central de la visión de ‘Social Platform’ es la creencia de que la economía social es clave para lograr una transición justa. Las empresas sociales (incluidas las EEII), las cooperativas y los proveedores de servicios sociales sin ánimo de lucro ya crean trabajo digno en sectores clave de la transición, como las energías renovables, la agricultura sostenible, la economía circular y la asistencia social. Estas organizaciones dan prioridad a las personas y al planeta por encima de los beneficios, reinvirtiendo recursos en las comunidades locales y reforzando la resiliencia en las regiones. Para apoyar aún más sus actividades, ‘Social Platform’ y sus miembros esperan con interés la revisión de la Directiva de la UE de 2014 sobre contratación pública, con vistas a incorporar consideraciones sociales y medioambientales y reservar contratos a los actores de la economía social que se presenten a las convocatorias de contratación pública en múltiples niveles (local, regional, nacional).
A medida que las industrias se ven obligadas a afrontar cambios en la transición ecológica, el énfasis de la economía social en el valor social a largo plazo puede ayudar a prevenir el agravamiento de las desigualdades y, por lo tanto, presenta un modelo clave que puede ayudar a lograr una transición justa y equitativa que los actores públicos y privados por sí solos pueden tener dificultades para proporcionar. La integración de la economía social en las políticas y los mecanismos de financiación de la UE puede contribuir a garantizar que la transición justa no solo sea eficaz desde el punto de vista medioambiental, sino también social, capacitando a las comunidades para que configuren activamente su futuro.
A pesar de las actuales prioridades de la agenda de la UE orientadas a la competitividad y la descarbonización, una Unión Europea resiliente debe darse cuenta de que sólo puede ser competitiva si es justa y está preparada para el futuro. Una interpretación estrecha de la competitividad compromete los programas de inversión social y el apoyo a la sociedad civil a través de reducciones presupuestarias y fusiones de financiación enmarcadas en la «simplificación». Al mismo tiempo, la descarbonización limita el alcance de la dimensión social y medioambiental, y reduce la apertura a los actores de la economía social.
Como Plataforma Social, seguiremos utilizando nuestra voz colectiva para defender la inversión en valor social a largo plazo, y contar con la capacidad de un modelo que realmente antepone las personas a los beneficios. Como se afirma por vez primera en el Informe Draghi, «el crecimiento de la productividad y la inclusión social van de la mano»[3].
[1] Véase: Recomendación del Consejo de 27 de noviembre de 2023 sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social
[2] La elaboración de planes nacionales de despliegue constituye una de las principales recomendaciones a los Estados miembros: «Se recomienda que los Estados miembros desarrollen marcos normativos y políticos que permitan y respalden la economía social. A tal fin, se les anima a diseñar y aplicar estrategias integrales que reconozcan y fomenten la economía social, o a adaptar estrategias existentes u otras iniciativas políticas, en consonancia con la presente Recomendación, el plan de acción de la Unión para la economía social y otras orientaciones políticas de la Unión.»
[3] Mario Draghi, El futuro de la competitividad europea, 2024
