El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha instado a la Comisión Europea y a los Estados miembros a revisar y adaptar las normas sobre ayudas estatales para garantizar un mejor apoyo a las entidades de la economía social. Así lo afirma en el dictamen ‘Las entidades de la economía social y las normas sobre ayudas estatales’, cuyo ponente ha sido el consejero Giuseppe Guerini, y que fue aprobado en el pleno del CESE del pasado 25 de enero con 216 votos a favor, 4 abstenciones y 1 voto en contra.
A través de este nuevo dictamen, el CESE subraya la necesidad de que el marco normativo europeo reconozca el valor social de estas entidades y facilite su acceso a la financiación y contratación pública. Insiste en que las entidades de la economía social desempeñan un papel fundamental en la cohesión social y en la prestación de servicios de interés general. Sin embargo, señala que las actuales normas sobre ayudas estatales no siempre reconocen la especificidad de estas entidades, lo que puede limitar su acceso a financiación pública y su capacidad para competir en igualdad de condiciones con otras empresas.
El dictamen hace referencia al informe de Enrico Letta sobre el mercado interior, que enfatiza la necesidad de adaptar la normativa vigente para facilitar el acceso de las empresas de economía social a créditos y ayudas. Asimismo, el CESE subraya la importancia de actualizar las normas que regulan la concesión de ayudas a la contratación de trabajadores desfavorecidos o con discapacidad, recogidas en el Reglamento General de Exención por Categorías.
Recomendaciones clave para los Estados miembros
El CESE recomienda a los Estados miembros aprovechar mejor los mecanismos existentes dentro de la normativa europea, como las ayudas a los servicios de interés económico general, que pueden proporcionar un marco más flexible para financiar actividades sociales. Además, insta a la Comisión Europea a aclarar el concepto de “actividad económica” en el contexto de la economía social, para evitar interpretaciones restrictivas que limiten su acceso a fondos públicos. A menudo las actividades de las entidades de la economía social se fundamentan y se clasifican solo en el ámbito de la solidaridad, no siendo reconocidas como actividades económicas, lo que las impide acceder a financiación acorde con su actividad.
Otro punto destacado en el dictamen es la necesidad de introducir medidas que permitan una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales cuando los fondos provienen de recursos combinados europeos y nacionales. Es el caso del Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se asignan a escala nacional. En la actualidad, aunque estos fondos se rigen en gran medida por la legislación la UE, están sujetos a la normativa sobre ayudas estatales debido al margen de apreciación de las autoridades nacionales en su asignación.
Hacia un modelo económico más inclusivo
El CESE insiste en que la economía social debe ser reconocida como un pilar clave del modelo social europeo y que las ayudas estatales deben adaptarse para permitir su desarrollo y consolidación. La revisión del marco normativo, según el CESE, no solo beneficiaría a las entidades de la economía social, sino que también reforzaría la resiliencia económica de la Unión Europea y su capacidad para responder a desafíos sociales y medioambientales.
En este sentido, el CESE acoge favorablemente las Orientaciones Políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029, que incluyen la revisión de las normas sobre ayudas estatales para fomentar la inversión en vivienda social y otros sectores clave de la economía social. Finalmente, el CESE insta a la Comisión Europea a que prosiga sus esfuerzos por aplicar el Plan de Acción para la Economía Social, en consonancia con la Hoja de Ruta de Lieja para la Economía Social en la Unión Europea, firmada en febrero de 2024 por los representantes de diecinueve Gobiernos.
